Los padres de menores de edad que rompan o ensucien las escuelas de la provincia de Buenos Aires serán penados con cinco días de arresto o multas de hasta $15.000. Además, serán enviados a hacer terapia de familia junto con sus hijos menores de edad que realicen actos vandálicos.

Así surge, al menos, del proyecto de reforma del Código Contravencional, presentado este martes, en la Legislatura, para limitar la sucesión de episodios violentos en las escuelas de este territorio. Esta es una contravención que aumentó de manera exponencial en el primer trimestre del año.

En caso de que el autor del daño sea un adulto, la pena recaerá directamente sobre el imputado: se lo sancionará con hasta 30 días de arresto y multas de hasta $29.854.

Para los delitos perpetrados por un menor, el juez determinará si hubo negligencia por parte de los padres o tutores: entonces se les impondrá a los progenitores uno a cinco días de arresto y multas de hasta el 60% del sueldo de un policía.

El gobierno bonaerense busca limitar los casos de agresiones contra los establecimientos escolares. Se trata de un fenómeno en aumento: en 2018 se registraron 131 actos vandálicos. Y en lo que va de 2019 la cifra ya asciende a 117 episodios de robo y destrozos. En total, se contabilizaron 248 sucesos. “Se podrían haber construido 66 aulas”, calculó el ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, al referirse al proyecto presentado en la Legislatura.

Reparar estos daños costará a la provincia $205 millones. Esto equivale a construir 66 aulas nuevas de jardín de infantes, ya que cada una tiene un valor de $1,6 millones.